Estados Unidos se prepara para ejecutar una de las decisiones comerciales y ambientales más contundentes de los últimos años: la aplicación plena y sin prórrogas de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) a las importaciones de productos del mar. La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, prohíbe el ingreso de pescados y mariscos provenientes de pesquerías extranjeras que no cumplan con estándares de protección “comparables” a los exigidos a la flota estadounidense.
Los términos
En términos prácticos, esto significa que ningún embarque podrá ingresar a Estados Unidos. sin un Certificado de Aprobación (COA) emitido por el gobierno del país exportador y validado por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), dependiente de la NOAA. Los envíos sin ese documento serán rechazados en aduanas, sin excepción. La medida no es menor, Estados Unidos importa anualmente cerca de 25,800 millones de dólares en productos del mar, y la propia NOAA estima que alrededor de 3,600 millones de dólares podrían quedar directamente afectados en la primera fase de aplicación.
Impacto sostenible
Aunque la prohibición alcanza a 240 especies comerciales de 46 países, el atún destaca como la especie más vulnerable, tanto por su volumen como por su valor estratégico en el comercio internacional. Le sigue de cerca el dorado, también relevante para América Latina.
El problema central radica en los métodos de pesca. La NOAA ha negado la “comparabilidad” a diversas pesquerías que aún utilizan redes de deriva, redes de enmalle o sistemas de enredo, considerados de alto riesgo para la captura incidental de delfines, ballenas y otros mamíferos marinos. Para Washington, no basta con reducir el daño: las prácticas deben ser equivalentes, verificables y documentadas.
Potencia atunera
Para México, el golpe potencial sería mayúsculo. De acuerdo con Conapesca y la Secretaría de Economía, el país es el duodécimo productor mundial de atún y una de las principales potencias del Pacífico oriental. De acuerdo con datos oficiales de Conapesca y la Secretaría de Economía, la producción anual supera las 129 mil toneladas, con registros recientes de 130,313 toneladas, lo que convierte al atún en la segunda pesquería más importante del país. La actividad se concentra en el Pacífico, con Sinaloa a la cabeza alcanzando 87,683 toneladas en 2023, seguido de Colima y Chiapas. En temporadas pico, como marzo, abril, junio, julio y noviembre, participan más de 12 mil pescadores, respaldados por una flota de 53 embarcaciones especializadas que operan desde puertos estratégicos como Mazatlán, Manzanillo, Puerto Chiapas y Ensenada.
Cumplir o quedar fuera
En el frente comercial, México exportó en 2023 44,668 toneladas de atún, por un valor de 291 millones de dólares y Estados Unidos absorbió más de la mitad, con compras por 155 millones de dólares, consolidándose como el principal destino. Rafael Ortíz, director del programa de Océanos y Pesquerías Resilientes de EDF México, reconoce que el país no parte de cero, pero advierte que el margen de maniobra es estrecho.
“La Conapesca y el IMIPAS han estado haciendo lo necesario para resolver el problema en aquellas pesquerías donde se puede avanzar en el corto plazo. Ya están haciendo un muy buen trabajo para asegurar que la información llegue y así disminuir el impacto a partir del 1 de enero”, explica.
Capacidad institucional.
Sin embargo, no todas las pesquerías están en ese escenario. “Hay otras que requieren cambios en su manejo pesquero y en la forma de reportar información”, admite Ortiz.
Y ahí surge el principal cuello de botella: capacidad institucional y presupuesto.
“Las autoridades van a necesitar un presupuesto sólido para dedicar tiempo y contar con las herramientas necesarias. No se trata de evitar el impacto, sino de que las pesquerías operen de una manera comparable a las de Estados Unidos, porque de eso se trata la ley”, expuso.
Eslabón faltante.
Uno de los puntos más sensibles es la trazabilidad. Ortíz es claro al señalar que contar con un sistema nacional robusto permitiría demostrar, con datos verificables, cómo y dónde se capturan las especies exportadas. “Sería fundamental que ya se hubiera aprobado la Ley de Trazabilidad. No es indispensable, pero definitivamente ayudaría”, afirma. Aunque reconoce que se puede cumplir sin un marco legal publicado, insiste en que la certidumbre jurídica facilitaría la transición.
La apuesta, dice, debe ser doble en resolver la emergencia inmediata para evitar bloqueos comerciales en 2026 y, al mismo tiempo, construir un sistema nacional de trazabilidad que funcione para todas las pesquerías, no solo para las que exportan a Estados Unidos.
Poderosa coalición.
Paradójicamente, la ofensiva regulatoria ha provocado resistencia dentro del propio Estados Unidos. Una poderosa coalición encabezada por el National Fisheries Institute (NFI), junto con procesadores, importadores, distribuidores y el Restaurant Law Center, presentó una demanda contra NOAA Fisheries ante la Corte de Comercio Internacional en Nueva York.
El litigio impugna la decisión del 2 de septiembre de prohibir importaciones de productos del mar de 240 especies y 46 países, al considerar que la agencia actuó de forma “arbitraria y caprichosa”. Según la demanda, la NOAA no ofreció una explicación razonada, ni evidencia específica por pesquería, ni evaluó adecuadamente las consecuencias económicas devastadoras, tanto para socios comerciales como para la industria estadounidense dependiente de importaciones.
