El Gobierno de México decidió cancelar en 2026 el programa de regularización de autos chocolate, esquema que desde 2022 permitió legalizar vehículos usados importados de manera irregular desde Estados Unidos y Canadá. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pone fin al acuerdo impulsado durante el sexenio anterior y marca un giro en la política automotriz y comercial del país, en un contexto de revisión del T-MEC.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo argumenta que el programa cumplió su propósito social inicial y que ahora corresponde retomar reglas estrictas de importación, alineadas con los compromisos internacionales y con una estrategia de ordenamiento del mercado interno. A partir de este año, las importaciones definitivas deberán apegarse plenamente a los lineamientos comerciales vigentes.
Fin del programa de autos chocolate y nuevo enfoque comercial
El decreto abroga el acuerdo que instruía a dependencias federales a facilitar la importación definitiva de estas unidades. Con ello, el Ejecutivo busca cerrar un capítulo de regularización excepcional y reforzar la observancia del marco comercial, particularmente relevante ante el proceso de revisión regional del tratado con Estados Unidos y Canadá.
Durante su vigencia, el esquema tuvo alcance en 16 entidades federativas —entre ellas Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Jalisco—, regiones con alta movilidad transfronteriza y presencia histórica de vehículos de procedencia extranjera.
En esos estados, la regularización atendió una demanda social extendida, aunque también generó efectos colaterales en el mercado automotor formal.
Impacto en el mercado y respaldo del sector automotriz.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresó su respaldo a la decisión, al considerar que la regularización masiva distorsionó la competencia y facilitó la circulación de unidades con problemas ambientales, de seguridad vial y de trazabilidad.
El sector estima que casi tres millones de vehículos ingresaron bajo el esquema, afectando la venta de autos nuevos y la recaudación asociada.
Con la cancelación, los distribuidores prevén mayor certeza jurídica, un pago adecuado de impuestos y un reequilibrio del mercado. Además, destacan que el retorno a las reglas vigentes desde 2011 permitirá ordenar la importación y desalentar prácticas de contrabando.
Seguridad, medio ambiente y siguiente etapa.
Otro eje del cambio es el fortalecimiento del Registro Público Vehicular (Repuve), con bases de datos más confiables que contribuyan a la seguridad pública.
En paralelo, el gobierno plantea avanzar hacia un programa de renovación del parque vehicular, orientado a unidades menos contaminantes y con estándares de seguridad superiores, en línea con objetivos de salud pública y sostenibilidad.
En síntesis, el cierre del programa redefine la política automotriz: se deja atrás una medida excepcional y se apuesta por orden, legalidad y alineación comercial, con efectos esperados en la industria, el medio ambiente y la seguridad vial.
