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Etiqueta: Justicia

  • ASESINAN A DEFENSOR COMUNITARIO, ESPOSA E HIJA EN OAXACA.

    ASESINAN A DEFENSOR COMUNITARIO, ESPOSA E HIJA EN OAXACA.

    *- En 2013 asesinaron a su hijo de 10 años de edad.

    Ciudad de México. –  El defensor comunitario Lorenzo Santos Torres fue acribillado y calcinado esta madrugada junto con su esposa y su hija sobre la carretera federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido.

    Peritos en criminalística recogen evidencias en el lugar de la familia asesinada en la carretera federal 131 Oaxaca – Puerto Escondido.

    El originario de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, tenía antecedentes de amenazas y atentados en su mayoría, por parte de grupos paramilitares que operan en la región, por lo que a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a contar con medidas cautelares debido al riesgo conferido a su labor, mismas que le fueron retiradas en 2022.

    El Centro Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) confirmó que los cuerpos sin vida hallados en una camioneta marca Toyota tipo Hilux con placas de circulación RT1047A a la altura del Vado en San Andrés Zabache, en Ejutla de Crespo pertenecen a Lorenzo Santos, de 53 años de edad; a su esposa Marcela Girón Castro de 48 años, y su hija María Guadalupe Santos Girón de 26.

    «Fueron ejecutados con armas de fuego y posteriormente les prendieron fuego en el interior de su vehículo, en el momento que circulaban a bordo de su vehículo (…) cerca del vado, muy cerca de la cabecera distrital Sola de Vega», informó.

    «Que se investigue y sancionen a los responsables de este hecho delictuoso en el cual perdió la vida el defensor de derechos humanos comunitario», exigió la asociación a su nombre y al de los deudos de esta familia.

    Esto fue confirmado por uno de los hijos del defensor a la asociación, hechos que ocurrieron alrededor de las 2:00 horas de este jueves.

    Él destacó por defender los derechos civiles, políticos, tierra y territorio en la región de la sierra sur de Oaxaca. Fue amenazado de muerte en reiteradas veces y encarcelado por combatir lo que calificaba como «cacicazgo regional» del Presidente Municipal de Santiago Amoltepec Sola de Vega, Pedro Luis Jiménez Hernández en 2013 y quien actualmente se encuentra preso.

    «Además, se oponía en contra de las injusticias cometidas por autoridades municipales de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca», añadió Cedhapi.

    Lorenzo Santos tenía una tienda de abarrotes por lo que solía levantarse de madrugada para surtirse de productos, frutas y verduras. Frente a ese sitio, el día 31 de octubre del 2013, aproximadamente a las 6:00 horas fue atacado por unos sujetos que le dispararon en diversas ocasiones e hirieron de gravedad en el abdomen.

    El día 2 de enero del 2014, aproximadamente a las 10:00 horas fue detenido el ex Alcalde Pedro Luis Jiménez en el aeropuerto de Oaxaca por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez de Garantías de la Ciudad de Tlaxiaco, por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio del defensor comunitario.

    A solicitud de la CIDH, en 2013 le fueron otorgadas a Lorenzo Santos y a su familia medidas cautelares que fueron retiradas en 2022.

    El 10 de septiembre de 2013, a las 21:00 horas fue asesinado su hijo, Jonatán Santos Girón de 10 años de edad en el momento en que se encontraba jugando en la azotea en su domicilio en Santiago Amoltepec, de un disparo en la cabeza.

    Lorenzo Santos Torres ocupó varios cargos como Alcalde de Santiago Amoltepec en el año 2010 y Agente Municipal del Centro de Santiago Amoltepec en 2020.

  • Pide LeBarón a Biden investigar a Gobernadores mexicanos

    Pide LeBarón a Biden investigar a Gobernadores mexicanos

    Bryan LeBarón pidió a través de una misiva al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, investigar los posibles vínculos entre los gobernadores de Morelos y Veracruz con cárteles de narcotraficantes.

    Bryan LeBarón pidió al presidente de EE.UU se investigue a los gobernadores mexicanos de los estados de Morelos y Veracruz.

    El activista solicitó la intervención del Mandatario al referir que este aseguró que la prioridad de su administración es combatir la corrupción a nivel internacional.

    «Hace apenas unos días se dieron a conocer hechos que ilustran un probable vínculo entre mortíferas organizaciones criminales y altos funcionarios de los estados mexicanos de Morelos y Veracruz», expresó en el documento.

    «El primer caso, se trata de una fotografía que muestra al Gobernador Cuauhtémoc Blanco posando con tres conocidos cabecillas del cártel, así como la aparición de narco mantas detallando la relación entre el señor Blanco y el Crimen organizado».

    En torno a Veracruz, en la carta se explicó que el crimen organizado advirtió con un multihomicidio que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, está vinculado con el Cártel de Sinaloa.

    «El segundo caso se trata de nueve cuerpos que aparecieron a un costado de una carretera de Veracruz junto con un mensaje dirigido al Secretario de Estado, Eric Cisneros, político cercano al Gobernador Cuitláhuac García.

    En la carta, se reconoce que a pesar de los esfuerzos hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la incapacidad y corrupción no permiten que se eliminen los crímenes.

    Al pedir la intervención de Estados Unidos en México, Bryan LeBarón aseguró que como países vecinos «comparten los problemas y sus consecuencias, por lo que se trata de un tema que requiere de su atención.

  • El secretario de Estado no sabe si EE.UU. mató a un trabajador humanitario afgano o un terrorista en el ataque con dron.

    El secretario de Estado no sabe si EE.UU. mató a un trabajador humanitario afgano o un terrorista en el ataque con dron.

    Los ya reportados ‘daños colaterales’ del ataque del 29 de agosto incluyen a 10 miembros de una familia, entre ellos seis niños, según un familiar de los fallecidos.

    Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU durante la audiencia ante el senado de este país.

    El senador Rand Paul, republicano por el estado de Kentucky, confrontó este martes al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, por las recientes decisiones de Washington respecto a Afganistán, y planteó duras preguntas a las que el representante del Gobierno apenas pudo responder.

    Al testificar en la audiencia del Senado sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, Blinken confesó que no tiene ni idea de si el ataque con dron perpetrado el 29 de agosto en Kabul, supuestamente contra un coche bomba, mató a un trabajador humanitario afgano y sus familiares o a un terrorista del Estado Islámico del Gran Jorasán, la rama local del EI, conocida por sus siglas en inglés como ISIS-K.

    En un principio, Blinken trató de evadir la pregunta directa de Paul acerca de si «el tipo que la Administración de Biden mató con dron fue un trabajador humanitario o un operativo del ISIS-K», limitándose a contestarle que «la Administración claramente está revisando aquel ataque» y que «se hará la evaluación completa», pero luego cedió ante las insistencias del senador.

    Senador Rand Paul.

    «¿Entonces usted no sabe si fue un trabajador humanitario o un operativo del ISIS-K?», siguió Paul. «No puedo hablar de eso, y no puedo hablar de eso en este marco, en todo caso», respondió Blinken. «Entonces, ¿no lo sabe o no nos lo quiere decir?» continuó el senador. «No lo sé, porque lo estamos revisando», dijo finalmente Blinken.

    «Bueno, verá usted, uno pensaría que antes de matar a alguien con un dron Predator hay que saber si es un trabajador humanitario o [un terrorista] del ISIS-K», le espetó Paul, al recordar que ese ataque en Afganistán no es un caso único y que ya mucho antes la Administración de Barack Obama mató en ataques similares a «centenares de personas».

    Los ‘daños colaterales’ hasta ahora conocidos del ataque del 29 de agosto en Kabul incluyeron a 10 miembros de una familia, entre ellos seis niños, denunció ante los medios un familiar de los fallecidos. «No sé si es verdad, pero veo las fotos de esos bellos niños que murieron en aquel ataque. Si es verdad y no es propaganda, tal vez ustedes hayan creado cientos o miles de potenciales terroristas al bombardear a la gente equivocada», prosiguió el senador.

    «No podemos tener una investigación después de matar a la gente. Lanzamos una investigación antes de matar a la gente».

    El senador también criticó a la Administración de Biden por abandonar la base militar de Bagram y dejar una enorme cantidad de armamento estadounidense a disposición de los talibanes, sin que nadie rinda cuentas por ello. Además, vaticinó que los 64 millones de dólares que Washington destinó a Afganistán en concepto de ayuda humanitaria para la población civil acabarán en manos de los talibanes, y subrayó que sería «ingenuo» pensar lo contrario.

  • Que siempre sí.

    Que siempre sí.

    La Fiscalía seguirá otras líneas en sonado caso de homicidio

    Denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por José Eduardo Ravelo Echevarría.

    Mérida, Yucatán, México, agosto de 2021.- La Fiscalía General del Estado cambió su postura al parecer ante la difusión del contenido de la denuncia que interpuso en vida el joven José Eduardo Ravelo Echevarría, que presuntamente enfoca como sospechosos a agentes de la policía estatal en lugar de policías municipales de Mérida.

    Lo anterior a raíz de la publicación y revelación que hicieron varios medios de comunicación nacionales y locales sobre los señalamientos que asentó José Eduardo en su denuncia de que sus presuntos agresores serían policías de una patrulla antimotín de color negro con franjas amarillas y agentes de apellidos Méndez y Osorio, colores que coinciden con la descripción de una patrulla de la policía estatal cuyos policías estatales habrían detenido al joven veracruzano en la calle 47, que es el límite donde termina la jurisdicción de la policía municipal y empieza el de la estatal.

    Ante estas nuevas revelaciones difundidas, se preguntó al gobierno del Estado por qué la Fiscalía no investiga a los elementos que aparecen en la denuncia de José Eduardo, lo que reveló antes que nadie el juez de Control que no autorizó la vinculación a proceso por homicidio, tortura y violación a los cuatro policías municipales que detuvo y acusó la Fiscalía.

    La respuesta emitida por la dependencia dice: “La Fiscalía General del Estado informa que existe una investigación en curso y, como en toda investigación, no se descarta ninguna línea de investigación. Al mismo tiempo, se prosigue con la investigación en torno a lo sucedido, acciones que se suman a la apelación interpuesta ante el Poder Judicial”.

    Esta respuesta cambia la postura de la Fiscalía General porque, en una de sus ruedas de prensa, el titular descartó cualquier responsabilidad de la policía estatal. Ahora, el mismo titular, por medio del Ejecutivo estatal, afirma que no descarta ninguna línea de investigación.

    En otro aspecto de este mismo caso, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las diligencias en torno al caso de José Eduardo Ravelo Echevarría. La mañana de ayer se supo que los agentes federales especializados en delitos de tortura acudieron a las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida (DPMM), y se habrían llevados dos unidades policíacas que usaron en la detención y traslado del joven veracruzano a la cárcel municipal.

    José Eduardo, como se supo, fue detenido el 21 de julio pasado por una denuncia de un taxista de la ruta Tekax-Mérida que recibió una pedrada del joven, que presuntamente estaba drogado.

    La Fiscalía acusó a cuatro policías municipales de Mérida como responsables, los consignó a un juzgado de control, pero las pruebas de vídeo de la estancia del joven veracruzano en la cárcel municipal de Mérida demostraron que no ocurrieron esos hechos. Pero la denuncia original de José Eduardo arrojó elementos que evidencia que los delitos que denunció el detenido fallecido se enfocan a policías distintos a los de la municipal.

    Los agentes federales también ya realizaron diligencias y tomaron testimoniales de personas que convivieron con el joven en el departamento que rentaba en la colonia Uxmal San Pablo, a unos cuantos kilómetros del lugar donde trabajaba.

  • Llega a Veracruz cuerpo de José Eduardo “El güero”, muerto por golpiza de policías de Mérida

    Llega a Veracruz cuerpo de José Eduardo “El güero”, muerto por golpiza de policías de Mérida

    José Eduardo «El Güero» asesinado por policías municipales de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán.

    Veracruz, a 08 de agosto de 2021.-Ha llegado procedente de Mérida, el cuerpo del joven José Eduardo Ravelo Echeverría, de 23 años de edad conocido por sus seres queridos como “El güero”, quien murió víctima de una golpiza por parte de policías que lo detuvieron “por parecer sospechoso” y además lo violaron, como denunció antes de morir.

    Fue cerca de las 11 de la noche de ayer sábado que llegó el cadáver de José Eduardo a su tierra natal Isla Veracruz, tras una travesía de aproximadamente de 15 horas desde Mérida.

    El cuerpo fue recibido por familiares, amigos, vecinos y conocidos, quienes lo velaron para ser sepultado hoy en su lugar de eterno descanso.

    José Eduardo Ravelo Echeverría falleció tras ser detenido injustamente, simplemente por parecer sospechoso cuando recogía del suelo documentos que se cayeron de su mochila rota, cuando iba a pedir trabajo en Mérida.

    Cuatro agentes de la Policía Municipal de Mérida, lo violaron en una celda entre el 21 y 22 de julio, para después propinarle una golpiza.

    El 24 de julio José Eduardo denunció los hechos ante la Fiscalía y fue ingresado al hospital Agustín O’Horán donde luchó por su vida, pero falleció el 3 de agosto, víctima de las lesiones sufridas.

    Su madre y hermano hicieron público este caso y con el cadáver presente protestaron en el Palacio de Gobierno para exigir justicia.

    Vinculación de Policías agresores:

    Autoridades informaron que en audiencia presidida por el Juez de Control del primer distrito judicial del estado, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, cuatro policías municipales, relacionados al caso de José Eduardo, fueron imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada, por hechos ocurridos los días 21 y 22 de julio del presente año en la ciudad de Mérida.

    “Los citados agentes causaron dolor y sufrimiento físico a la hoy víctima; mismas personas que, por medio de la violencia física, ejercieron cópula al detenido”, comunicó la FGE de Mérida.

    Posterior a esta imputación, los fiscales solicitaron al Juez de Control Bonilla Castañeda, resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso).Ante esta solicitud, los imputados y sus defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir 144 horas, para llevar a cabo esta audiencia de vinculación, ante lo cual el juzgador notificó a las partes que dicha audiencia se realizará el próximo 12 de agosto del presente, en este mismo Centro de Justicia Oral. Por último, el Juez de Control impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso penal.