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Conforme el negocio del cannabis deja de serlo, los grupos criminales amplían su catálogo de ingresos y se enfocan sobre todo en la venta de alcohol, cooptando a los competidores en zonas distantes, y en la venta de madera, a través de una tala feroz.

El cultivo y la legalización de la marihuana en los Estados Unidos les está arruinando el negocio a los poderosos carteles mexicanos.

Ciudad de México, 11 de septiembre. – México sigue siendo el principal proveedor internacional de marihuana para Estados Unidos, pero las ganancias de este mercado han disminuido desde 2013, lo que ha obligado a ciertos grupos criminales a buscar otras fuentes de ingreso.

A medida que más estados de Estados Unidos avanzan hacia la legalización, “la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por marihuana de producción nacional”, así lo señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).

El informe indica que las incautaciones de marihuana en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron en más del 81 por ciento entre 2013 y 2020, lo que indica que los grupos criminales mexicanos han reducido significativamente sus operaciones de tráfico de marihuana.

Un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa en el estado de Sonora dijo que el negocio de la marihuana “ya casi no es rentable”.

“Solo trafíco marihuana para pagarles a algunas de mis personas en la organización. Les estoy pagando con kilos [de marihuana], que ellos logran contrabandear y por los que les pagan, pero esto está llegando a un punto en el que ya no es un negocio viable”, expresó.

Según un informe sobre los cultivos de drogas publicado en 2016 por un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el estado fronterizo de Chihuahua es, después de Sinaloa, el segundo mayor productor de marihuana de México, representando el 20 por ciento de la producción nacional. Gran parte de esta producción proviene de la Sierra Tarahumara, una vasta red de montañas y cañones.

Dos de las principales organizaciones criminales de México operan en la Sierra Tarahumara: el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, a través de su brazo armado, conocido como La Línea.

En los últimos 10 años, los combates entre estos dos grupos han estado en un constante tira y afloja.

Pero ambos grupos han debido adaptarse a la situación en muchos estados de Estados Unidos que han despenalizado o legalizado la marihuana. Con ese fin, han monopolizado otras actividades comerciales como la venta de alcohol y la tala, a la vez que extorsionan a los trabajadores agrícolas de la región para mantener sus ganancias.

EL MONOPOLIO DEL ALCOHOL EN CHIHUAHUA

A partir de la carretera de La Junta, a la entrada de la Sierra Tarahumara, solamente las tiendas “autorizadas” pueden vender alcohol. Las organizaciones criminales han amenazado a cadenas nacionales como Oxxo para que dejen de vender alcohol, o de lo contrario podrían ser castigados, según cuentan residentes, dueños de negocios y funcionarios estatales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

En su mayor parte, según el operador del cartel entrevistado, el monopolio del alcohol está en manos del Cartel de Sinaloa, específicamente de Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

“Solo las tiendas autorizadas pueden vender alcohol. De esa manera no hay competencia, y todas esas ganancias llegan a las arcas de la organización”, dijo.

Esto comenzó como consecuencia directa de la depreciación de la marihuana, afirma el operador. Los municipios en los que esto ocurre van desde Bocoyna, Guachochi, Batopilas, Urique e incluso Guadalupe y Calvo.

La fuente agrega que todos los camiones de distribución de bebidas alcohólicas son “detenidos en las carreteras que conectan con la sierra, y les dicen que deben regresar. Mantenemos nuestra propia distribución, y las empresas tienen que comprarnos sólo a nosotros”.

El cartel está comprando grandes cantidades de alcohol en las principales ciudades, como Cuauhtémoc o la capital, Chihuahua, y luego lo transportan en camión hasta varios municipios de la Sierra Tarahumara. Ellos son quienes otorgan la autorización para vender y distribuir todo tipo de bebidas alcohólicas sin ningún permiso legal.

El operador entrevistado dijo que no están obligando a todos a vender alcohol, pero quienes quieran hacerlo deben tener permiso del cartel.

Las autoridades reguladoras de las bebidas alcohólicas prácticamente no tienen presencia en la Sierra Tarahumara, como señala el entrevistado.

La mayoría de los productos cuestan dos o tres pesos mexicanos (aproximadamente 0.10 dólares) por encima del precio promedio al por menor, lo que fue corroborado en varias tiendas. Sin embargo, algunos restaurantes no están vendiendo alcohol por temor a negociar con los grupos criminales.

“Teníamos que aceptar su trato; de lo contrario, tendríamos que dejar de vender y cerrar el negocio”, cuenta la dueña de una tienda en Guachochi.

EL COMERCIO DE MADERA AVANZA Y EL DE MARIHUANA DECRECE

San Juanito, un pueblo rodeado de bosques al pie de la Sierra Tarahumara, epicentro de los combates entre los carteles de Sinaloa y Juárez, era antes conocido como el “Bosque de San Juanito” por su hermosa y espesa cubierta arbórea. Pero después de varios años de tala voraz, tanto legal como ilegal, sus habitantes lo llaman en broma el “Valle de San Juanito”.

Basta atravesarlo en coche para darse cuenta de la evidente devastación: las áreas que rodean la carretera principal ya son estériles, y a lo largo de varias millas solo se ven tocones de madera.

Durante casi seis años, los carteles de Sinaloa y Juárez dependieron en gran medida de la industria maderera. La Sierra Tarahumara ha sido históricamente una gran fuente de madera para todo México. Dado que alrededor de la mitad de sus 16.5 millones de hectáreas boscosas están sembradas de pinos y robles, como señala la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos y de la tierra en la Sierra Tarahumara, esta área proporciona alrededor de 10 millones de metros cuadrados de madera, que se vende al por mayor a empresas constructoras o para la elaboración de muebles.

Dada la fuerte presencia de los carteles, se ha vuelto casi imposible determinar qué cantidad de la madera que llega a los aserraderos es legítima y cuál está contaminada por el crimen organizado, ya sea producida ilegalmente por dichos grupos o por aserraderos legales que son obligados a pagar un impuesto para poder operar.

Los habitantes de San Juanito y Creel, un municipio vecino, se mostraron cautelosos al hablar en voz alta sobre la tala ilegal. Un artesano de la zona le dijo que el comercio ilegal de madera tiene las “huellas dactilares de todos”.

“Autoridades, políticos, narcos y familias enteras están en el negocio”, afirma. “Pero esto es algo de lo que no hablamos”.

LA EXTORSIÓN A LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN

Durante los meses de verano, cientos de hombres salen de la Sierra Tarahumara y se dirigen hacia el norte, a ciudades principales como Cuauhtémoc o Chihuahua, para trabajar en granjas de manzanas, tomates, chiles, nueces y frijoles. Las empresas de gran tamaño han establecido grandes operaciones en torno a estas dos ciudades, y su fuerza laboral la obtienen en todo el estado.

Pero recientemente, los hombres que salen de la sierra para trabajar en otras partes han sido obligados a notificar a los operadores del cartel encargados de monitorear quién se va y hacia dónde.

Un agricultor indígena que regresaba de una granja de manzanos y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que, en su trayecto de regreso, los grupos criminales les están exigiendo un porcentaje de sus ganancias.

“A veces son ellos los que nos transportan a las granjas y nos vuelven a traer, y dicen que ese peaje ilegal es el pago por el viaje”, dijo.

No está claro por qué varía la cantidad que les cobran, pero los trabajadores del sector dicen que oscila entre cinco y 10 por ciento de sus ganancias durante toda una temporada, lo que equivale a unos 800 dólares por dos meses de trabajo.

La mayoría de los habitantes entrevistados señalaron que el Cartel de Sinaloa es la organización detrás de esta operación; sin embargo, no se puede descartar la participación de La Línea.

Las autoridades estatales dijeron que no estaban al tanto de esta nueva forma de extorsión.