Ayuntamiento cumplirá con disposiciones federales, independientemente que los actos de autoridad que vulneraron los derechos humanos fueron originados por administraciones municipales anteriores
“Todos fueron testigos de que se le hizo frente”; señaló el alcalde Alfredo Fernández, al hablar sobre el tema de las gasolineras que se encontraban en litigio
Valladolid, Yucatán, a 3 de diciembre de 2022.- “No nos queda otra opción, más que cumplir al pie de la letra con las disposiciones que los juzgados federales están ordenando al Ayuntamiento que encabezo, de lo contrario, estaríamos incurriendo en desacato”, señaló el alcalde Alfredo Fernández, al hablar sobre el tema de las gasolineras que habían estado en litigio y cuyos permisos correspondientes fueron otorgados por las administraciones municipales 2018 – 2021 y 2012 – 2015.
Fue a través del programa “En Contacto Ciudadano” en donde el presidente municipal recordó la situación del funcionamiento y construcción de las gasolineras, la cual el Ayuntamiento había enfrentado legalmente ante la petición de los vecinos de las zonas en donde se ubican.
Con respecto a ello, mencionó que, en el caso de la gasolinera que se encuentra ubicada en la calle 39 por 52 del barrio de Bacalar, sorprendió cuando los apoderados legales de la empresa presentaron la licencia de funcionamiento, que indicaba que fue expedida en los últimos meses de la administración municipal pasada. “Nosotros sabíamos que no la tenían porque no había evidencia de ello, la administración saliente no nos la dejó”, acentuó.
Con relación a la estación de gasolina, cuyos terrenos se ubican en la calle 42 por 47 del barrio de San Juan, detalló que los representantes también ganaron el amparo interpuesto contra el Ayuntamiento para que les renueven sus permisos correspondientes. Expresó que curiosamente la administración municipal 2012 – 2015 otorgó los permisos tres días antes de concluir.
“Ahora no nos queda más que renovarles sus permisos, como lo está ordenando el Juez del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán. Nos dieron tres días para cumplir con la instrucción”, resaltó.
Destacó que, si hay algo en que se ha caracterizado su administración, es respetar siempre la ley en cada acto que realiza. “Es por lo mismo que hoy no nos queda otra opción que cumplir con las disposiciones que los juzgados federales nos están ordenando, independientemente que los actos de autoridad que vulneraron los derechos humanos de los quejosos fueron originados por las autoridades antes mencionadas”, señaló.
Por último, aseguró que se trata de un asunto sumamente complicado y heredado por administraciones anteriores, al cual todos fueron testigos de que se le hizo frente. “Nosotros nunca daríamos un documento para alguna acción que implique riesgos para la gente”, enfatizó.
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