CIUDAD DE MÉXICO, martes 26 de octubre de 2021.- Elementos de La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional estarán a cargo del reforzamiento de la seguridad en Tulum, Quintana Roo, luego del asesinato de dos turistas extranjeros en un balnerario ocurrido la semana pasada.
El Ejército, la marina y la Guardia Nacional reforzaran la seguridad en la Riviera Maya como consecuencia de los últimos hechos de violencia que costaron la vida de dos mujeres extranjeras.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, cerca de medio millar de efectivos militares ya se encuentra desplegado en ese sitio turístico y se prevé que en los próximos días lleguen más elementos para hacerse cargo de toda la Riviera Maya.
Adicionalmente está viendo un plan para precisamente incrementar la presencia de la guardia en esa parte, ya contamos con instalaciones de la guardia, pero también tenemos instalaciones del ejército que pueden ser empleadas para alojar a los efectivos que se tienen de la guardia nacional; de tal manera que se atenderá ahorita de manera muy puntual la situación de Tulum, pero también de toda el área, Cancún y toda la Riviera Maya.
“Se va a utilizar como ya mencioné instalaciones del ejército y las instalaciones de la guardia para esa presencia, de tal manera que la podamos atender de manera integral y haya los efectivos suficientes para reducir los índices de violencia, aún más de lo que ya se ha establecido», indicó el alto mando.
Precisó que desde este lunes se llevó a cabo el despliegue de los 450 efectivos militares en Tulum y la próxima semana quedará reforzada la seguridad en toda la Riviera Maya, la cual desde hace varios meses sufre la confrontación de los carteles de la droga al disputarse el control del territorio.
Tulum, Quintana Roo, a 21 de octubre de 2021.- Minutos de terror y muerte se vivieron en céntricas calles de este poblado cuando sicarios de una organización criminal intentó acabar con un distribuidor de droga en un lugar conocido como La Quinta, sobre la calle Centauro Sur, entre la Avenida Tulum y Andrómeda Oriente. El trágico resultado fueron dos turistas muertas y tres lesionados por arma de fuego.
La policía estatal y municipal se presentó para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el lugar mientras personal médico atendía a los lesionados de la balacera en el Restaurante Bar La Malquerida, en Tulum, Quintana Roo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:16 horas cuando un distribuidor local junto con su guardaespaldas era perseguido por otros dos hombres con aspecto de turistas, vestidos con shorts de color blanco y playeras negras. En determinado momento los perseguidos decidieron buscar refu7gio en el restaurante bar La Malquerida, el cual fue acribillado a balazos por los sicarios, mientras estos respondían al fuego.
Personal de la Cruz Roja y Costamed se presentaron en el lugar del ataque para auxiliar a los lesionados.
En el fuego cruzado quedaron los clientes del restaurante bar; muriendo en el lugar de los hechos la joven estadounidense de origen hindú Anjali Ryot, de 24 años de edad, una influencer famosa e ingeniera en sistemas.
La otra mujer que murió en este trágico suceso fue Jenifer Henzold, 35 años, originaria de Nurnberg Alemania, es la segunda turista asesinada en la balacera del bar La Malquerida y cuyo cadáver yace en la morgue y nadie ha preguntado por ella. Sólo el consulado alemán pidió la necropsia de ley.
Los otros turistas lesionados son: Anian Bruner Gandalf, de 26 años y originario de Alemania, se encuentra en el hospital privado Costamed con las costillas fracturadas a causa de un balazo que le perforó el pulmón derecho, no puede declarar, no hay ningún familiar, está solo en la cama, inconsciente y se debate entre la vida y la muerte.
Michel Weis prefirió regresar al día siguiente a Inglaterra, con un rozón en la rodilla prefirió dejar la pesadilla en el paraíso. Lo mismo hizo Van Der Koij, una joven estudiante Holandesa, con un rozón en la mano regresó a su hospedaje y se retiró, nadie sabe a dónde.
Anjali Ryot se había hospedado en el hotel Cielo Maya en Tankah, del 16 al 19 de octubre, aquí pasó tres días con su pareja. Luego de fueron a la Zona Costera de Tulum, en Papaya Playa. De ahí fueron a la cita con un ejecutivo de Netflix y ahí los narcos le arrebataron la vida.
El Dealer José Antonio Lira Pérez, de 24 años de edad, radicado en Playa del Carmen y a quien los sicarios iban persiguiendo, ingresó al bar La Malquerida, donde se dio la balacera.
Hay un video de los asesinos. Corren luego de cometer el cruel asesinato de indefensos turistas en su guerra contra sus rivales. José Antonio Lira Pérez, de 24 años, era perseguido por moto-sicarios que traían en mano las armas de fuego cargadas, él se refugia con su escolta en la Malquerida y los hombres vestidos con short y playeras simulando ser turistas lo alcanzan y le disparan.
Disparan al menos 23 balas que matan a las dos mujeres turistas y hieren a 3 más la noche fatal del miércoles. El escolta les dispara sin herirlos y estos corren en la avenida Tulum mientras los turistas que andaban en la calle se esconden cómo pueden.
Compradores del tianguis de Casa Blanca, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, vivieron instantes de angustia cuando se registró un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al menos cuatro personas fallecieron en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los hechos se registraron al amanecer del 17 de octubre, sobre la Av. Constituyentes, donde una persecución terminó en una balacera; en un video se aprecia como varios vehículos son perseguidos por camionetas de la Sedena.
En otra grabación, divulgada en redes sociales, se aprecia como los compradores del tianguis Casa Blanca escuchan las detonaciones y luego corren a a refugiarse entre los puestos, cuando se escucha el sonido de una ametralladora.
httpss://www.youtube.com/watch?v=gWBz2p4X41Q
«¡Se escuchan detonaciones! ¡Agáchense, abajo, abajo!», gritan las personas, quienes corrieron a refugiarse en la fila de puestos más lejana a la Avenida Constituyentes; hasta ahora hay saldo blanco entre la población civil.
De forma extraoficial, medios locales aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre miembros del Cártel del Noroeste (CDN) y la Sedena; además de que se realizaron bloqueos en diferentes puntos de Matamoros.
Portales como Código Negro, también de modo extraoficial, informaron que integrantes del crimen organizado fueron «neutralizados» por parte de los agentes federales. Cuatro presuntos narcotraficantes habrían fallecido, de acuerdo con Excélsior.
Los presidentes de México y Estados Unidos acordaron que, para reducir la violencia en el territorio nacional y frenar el flujo de fentanilo al vecino país del norte, el Gobierno mexicano aplicará un Código Negro contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Éste empleará elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina entre octubre y noviembre, y tendrá como objetivo desmantelar totalmente al grupo criminal.
Miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ciudad de México, 12 de octubre.- Clasificado por los órganos de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos como la segunda organización criminal más poderosa en el país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está en la mira de ambos gobiernos. Liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, “Gallero” y “Señor de los Gallos”, este grupo criminal se ha caracterizado por su capacidad organizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, secuestros y robo de combustibles, además de que es considerado extremadamente violento y una seria amenaza para el Estado mexicano.
Con ese antecedente, los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han dialogado sobre las causas y los efectos de las operaciones del crimen organizado en los dos países, por lo que el Gobierno mexicano decidió aplicar un Código Negro para el norte del país –entre octubre y noviembre– en donde se buscará, con el apoyo del Gobierno estadounidense, desmantelar a dicho cártel que tiene su centros de operación en Jalisco y Nayarit, concretamente en Guadalajara y Bahía de Banderas como zonas protegidas.
El propósito del Código Negro es que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participen en esta operación no sólo para lograr la captura del líder Nemesio Osegera, sino para desarticular al CJNG, mismo que fue tolerado en los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priísta Enrique Peña Nieto.
En la conversación sobre este tema de enfrentar al crimen organizado, principalmente al CJNG, que tuvieron en días anteriores los presidentes López Obrador y Biden, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, empezó a negociar con funcionarios estadunidenses el tema del tráfico de armas a México, pues mientras esto no lo frene el país vecino, el poder bélico de los cárteles de la droga seguirá en aumento.
La relación entre ambos países es tan estrecha y de respeto, que por ejemplo antes de la reunión cumbre de la Celac, el Presidente Biden estaba informado de que vendrían a México los presidentes de Cuba, Díaz Canel, y Venezuela, Nicolás Maduro, como parte del proyecto para hacer más productiva la región de Centroamérica y El Caribe, principalmente, a fin de frenar la migración mediante la generación de empleos en los países de origen.
Esta no será la primera vez que el Gobierno federal actúa contra el CJNG: el 2 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el operativo Agave Azul, mediante el cual bloqueó cuentas de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos ligados a ese cártel, a solicitud de Estados Unidos. Es decir, este grupo criminal siempre ha estado en la mira del Gobierno estadunidense.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) considera al Cártel del Mencho como una de las más poderosas organizaciones y de más rápido crecimiento en México y Estados Unidos. En el informe 2019 National Drug Threat Assessment –desclasificado por la DEA a inicios de 2020– refiere que este grupo contrabandea drogas ilícitas en Estados Unidos, accediendo a varios corredores de tráfico, como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.
Además de su rápida expansión en actividades de narcotráfico, la DEA señala que este cártel “se caracteriza por la disposición a participar en confrontaciones violentas con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales”.
Como la mayoría de los principales grupos criminales mexicanos, el CJNG es una organización que fabrica y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. Y tiene presencia en al menos 24 de los 32 estados mexicanos.
En Estados Unidos, esta organización criminal distribuye drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, en donde ha provocado la muerte de miles de estadunidenses consumidores.
En el reporte 2019 National Drug Threat Assessment, la DEA advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la segunda organización con más influencia en el país vecino, apenas por debajo del Cártel de Sinaloa y con actividades dispersas en el territorio estadunidense, con mayores concentraciones en zonas con grandes mercados de heroína.
Tanto Sinaloa como el CJNG controlan el corredor de tráfico ilegal Tijuana-San Diego; en Miami son, además de esos dos, los resabios del cártel de los Beltrán Leyva, los tres grupos que transportan y distribuyen grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.
En Michigan y Ohio, son los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los cárteles que suministran a pandillas violentas cocaína, heroína y metanfetamina, con mayor frecuencia por correo, tractocamiones y automóviles camuflados.
Estos cárteles están fuertemente armados, son violentos y generalmente trafican varias drogas como marihuana, cocaína, heroína, fentanilo y medicamentos recetados.
Esas pandillas locales a las que se han aliado están desestructurados, desorganizados y no afiliados con pandillas regionales o nacionales como MS-13, Bloods o Crips.
Para la DEA, los cárteles mexicanos siguen siendo la mayor amenaza criminal en materia de drogas que enfrenta Estados Unidos, pues ningún otro grupo de otra nacionalidad está posicionado actualmente para desafiarlos.
Al respecto, esa agencia antidrogas estadounidense explica que “el Cártel de Sinaloa mantiene la huella más expansiva en Estados Unidos, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la segunda presencia doméstica más dominante en los últimos años. Aunque los asesinatos relacionados con las drogas en México continúan alcanzando proporciones epidémicas, los miembros mexicanos de los cárteles en Estados Unidos aún se abstienen de los conflictos internos entre cárteles, lo que todavía resulta en una violencia indirecta mínima en Estados Unidos”.
En un fallo que podría modificar la política nacional de vacunación contra COVID-19, un juez determinó que el gobierno federal debe vacunar a todas las personas de 12 a 17 años con dosis de Pfizer, misma que ya tiene autorización de emergencia para ese sector poblacional.
Un juez ha ordenado al gobierno federal vacunar a todos los menores de entre 12 y 17 años de edad. Imagen ilustrativa.
Previamente el gobierno federal ha anunciado aplicaciones para adolescentes, siempre y cuando tengan alguna comorbilidad que incremente la posibilidad de desarrollar COVID-19 grave en caso de contraer el SARS-CoV-2.
El nuevo fallo en cuestión retomado por Reforma y Milenio está firmado por la secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, Claudia Irene Gámez Galindo, y aunque en principio atiende un solo caso, el fallo dice que no hay razones para que el criterio tenga efectos generales.
«El derecho humano a la salud es universal», se lee en él.
Parte de la determinación se sostiene de multitud de amparos que han sido otorgados en el mismo sentido durante las últimas semanas, dice el fallo citado por Milenio. El documento incluso dice que el desabasto de dosis no puede considerarse como una «justificación» para no inocular.
Aunque el fallo proviene de un juez todavía puede ser apelable por el gobierno federal.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) difundió su nuevo código de conducta, en el que demanda a sus colaboradores abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del consejo, de lo contrario, advierte con sancionar a través del Código interno de control.
Juez niega ordenar la captura de 31 académicos y científicos del Conacyt.
El código es de observancia para los investigadores que reciben apoyos y para todas las personas que desempeñen algún empleo, cargo o comisión en el Conacyt, además de los trabajadores de las empresas que prestan servicios.
“Es de observancia general para todas las personas que desempeñen algún empleo, cargo o comisión en el Conacyt, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, a los trabajadores del Conacyt, a los trabajadores de las empresas que prestan al Conacyt el servicio de limpieza, vigilancia, recepción, comedor y cualquier otro, así como a los grupos de evaluación de proyectos susceptibles de apoyos”.
El Conacyt marcó a sus empleados seis lineamientos de “identidad institucional”, entre ellos, “abstente de publicar y de anunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representantes del Conacyt, sin la autorización del área de comunicación social”.
Ahora se obliga a los colaboradores a dirigir al área de comunicación social las solicitudes de información susceptible de ser publicada en medios de comunicación, “ya que es el área competente para hablar en nombre del Conacyt”.
También se les pide ser prudentes al emitir opiniones en sus redes sociales y procurar “preservar la integridad de la imagen institucional”.
Se establece que los casos que incumplan el Código de Conducta serán remitidos a un Comité de Ética, que estudiará el asunto con base en el protocolo y que podrá emitir recomendaciones al respecto.
“En caso de que estime que existe una responsabilidad administrativa, lo comunicará de forma oficial al Órgano Interno de Control”, explicaron.
“Valladolid tiene todo para brillar de nuevo, el trabajo para potencializarlo será incansable”, señala el alcalde, Alfredo Fernández, en el marco del Día Nacional de los Pueblos Mágicos
5 de Octubre, día nacional de los Pueblos Mágicos.
Valladolid, Yucatán, 5 de octubre de 2021.- Con la visión enfocada en fortalecer a Valladolid en materia turística, la administración municipal 2021 – 2024 se une a la conmemoración del “Día Nacional de los Pueblos Mágicos”, que por primera vez se celebró este 5 de octubre tras ser publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial.
Establecida por instrucciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la fecha tiene como objetivo reforzar el Programa de Pueblos Mágicos creado hace casi 20 años, en el cual hasta hoy se encuentran incluidos 121 pueblos.
Al respecto, el presidente municipal, Alfredo Fernández, destacó la importancia de este día, subrayando que le recuerda los compromisos adquiridos en materia turística que estará impulsando a lo largo de su administración como parte de las acciones para construir un mejor Valladolid.
Resaltó que ya se está trabajando en los proyectos que permitirán darle nuevamente vida al sector, que por el desinterés de las pasadas administraciones ya se estaba opacando.
“Valladolid tiene todo para brillar de nuevo, el trabajo para potencializarlo será incansable, sobre todo porque primero debemos dejarlo en las condiciones óptimas que se merecen, tanto visitantes como locales. No hay pretextos, lo vamos a hacer y lo vamos a consolidar”, aseguró.
-Difunden conversaciones sobre el caso Ayotzinapa.
Conversación interceptada entre un mando de la policía de Ayotzinapa y Gildardo López Astudillo, del cartel Guerreros Unidos.
Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y quien ahora es testigo colaborador de la FGR, sí participó en la desaparición de los 43 normalistas.
La comisión del caso Ayotzinapa difundió dos hojas que la Sedena tenía en su poder y que públicamente no se habían integrado a algún expediente conocido.
Una de ellas es una comunicación vía mensajes de texto ocurrida el 26 de septiembre de 2014 entre Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía de Iguala, y El Gil. Este último fue detenido en octubre de 2015 por su relación con el caso, aunque en sus declaraciones siempre se deslindó. En agosto de 2019 fue liberado y se convirtió en testigo colaborador.
En la conversación difundida ayer por la Secretaría de Gobernación, Ignacio, como se identifica al mando policiaco, le reporta a El Gil que tiene a varios “ayotzinapos” detenidos que andaban encapuchados y armados.
Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo. Yo los recibo. Tengo unas camas para aterrizarlos, páseme los detenidos”, le responde. Salgado Valladares le contesta con un “OK, ya los suelto” y le avisa que mandará un autobús con 21 personas “para que los revienten ustedes”, y agrega que tiene a 17 más en “La Cueva”. “Sí, entrégame a todos los detenidos”, le responde el líder criminal.
EL GIL, SÍ PARTICIPÓ EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43; PIDIÓ QUE SE LOS ENTREGARAN
Difunden mensajes de texto entre el líder de Guerreros Unidos y otra persona, llamada Ignacio; planean qué hacer con los estudiantes
Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes Guerreros Unidos, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y quien ahora es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), sí participó en los hechos de hace siete años, según un documento hecho público ayer por la Comisión para la Verdad y Accesos a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ayer, la comisión por instrucciones del presidente López Obrador, ofreció dos hojas entregadas por la Defensa Nacional.
Se trata de dos comunicaciones vía mensajes de texto. Una de ellas, entre Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la policía de Iguala, con López Astudillo, señalado por la Sedena como jefe regional de Guerreros Unidos, el 26 de septiembre de 2014.
La otra, se registró el 4 de octubre de 2014 y fue entre Alejandro Palacios, El Cholo, Palacios y Ramón, al parecer uno de los elementos de la policía de Tepecoacuilco.
López Astudillo es una de las 20 personas que el viernes 24 de septiembre, confirmó el fiscal Omar Gómez Trejo, colabora en la investigación del Caso Iguala, fue detenido el 17 de octubre de 2015, en Taxco, Guerrero.
A finales de agosto de 2019 fue liberado y después se convirtió en testigo colaborador de nombre “Juan”. Incluso, el subsecretario Alejandro Encinas se quejó de esa liberación.
Con la revelación de la conversación entre El Gil y Salgado Valladares queda claro que el jefe regional de Guerreros Unidos, con influencia en Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Cocula, Zacacoyuca, Buenavista, Taxco, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, pidió “entrégame a todos los detenidos”, que en este caso podría ser 17, 21 o 38 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y que si uno se atiene al lenguaje de las mafias los mataría: “tengo unas camas para aterríz(a)rlos páseme los detenidos”
Esta nueva información la Sedena la tenía en su poder y públicamente no se había integrado a ningún expediente ni carpeta de investigación. Tampoco se informa cómo es que se obtuvieron esos mensajes de texto. Y tampoco se menciona que el testigo colaborador “Juan”, es decir López Astudillo, en sus declaraciones como tal, se ha deslindado de los hechos.
Pero tampoco se menciona que quizás López Astudillo como testigo colaborador ha ofrecido testimonios que los investigadores de la Fiscalía no han podido cuadrar y entonces el líder de Guerreros Unidos ya no les es útil y por eso lo implican, aunque ya no lo podrían procesar, toda vez que le fue retirado el cargo de delincuencia organizada y un juez resolvió que las 44 pruebas en contra de El Gil, por el secuestro de los normalistas nos eran suficientes para acreditarle ese ilícito.
En los textos divulgados entre Salgado Valladares y El Gil, el jefe policía fue identificado como Ignacio. Y arranca así (se respeta la redacción utilizada):
Ignacio: según son ayozinapos pero anda(n) encapuchados y armados.
Ignacio: ya tenemos varios detenidos.
Gil: páseme unos por el camino a Pueblo Viejo yo los recibo.
Gil: verga suéltelos tengo unas camas para aterriz(a)rlos páseme los detenidos.
El jefe policiaco responde:
Ignacio: ok ya los suelto.
Ignacio: ok son 21 personas e(n) el autobús q(ue) va a salir.
Ignacio: ya lo(s) suelto pónganse pilas los de las camas.
Ignacio: ya se están so(l)tando los del autobiús paq (para que) los revienten ustedes.
Ignacio: viejo tengo 17 en la cueva.
El jefe de Guerreros Unidos responde:
Gil: si entrégame todos los detenidos.
Ignacio: manda gente suficiente a la brecha de Lobos van 17 detenidos. Ignacio: y aquí tenemos a 17 todavía.
Ignacio: en la cueva.
Ignacio: estos también los quieres y decimos q(ue) no istmos (hicimos) detenciones.
Ignacio: dile al gordo k (que) los paren(,) vienen más autobuses.
Ignacio: no tengo ningún detenido(,) todos los paquetes se entregaron viejo.
Y López Astudillo concluye este hilo: ok dígales que no agarró nada.
Ignacio: si así mero le dije al secre q(ue) no se iso (hizo) ninguna detención.
Esta revelación del gobierno actual es muy importante, no solamente porque se confirma que El Gil sí participó en los hechos, sino porque fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien puso al descubierto una segunda ruta de desaparición de los normalistas, que se podría estar configurando a partir de estos mensajes de texto.
Desde el 14 de abril de 2016, por medio de su segundo reporte preliminar del caso Iguala, llamado Sucesos del Puente del Chipote, la CNDH dio a conocer que frente al Palacio de Justicia de Iguala se había interceptado el autobús 1531.
En la recomendación de la CNDH de 2018, se concluyó que en el autobús 1568, tercero en la caravana de tres autobuses interceptados en Juan. N. Álvarez y Periférico, iban entre 23 a 28 normalistas. También, que en el 1531 iban de 15 a 20 normalistas.
De acuerdo con las conclusiones de la CNDH, de los de 23 a 28 normalistas secuestrados del autobús 1568 fueron llevados a la comandancia de la policía de Iguala y de ahí trasladados a Loma de Coyote donde fueron entregados a elementos de Guerreros Unidos.
Por eso es que si los detenidos -referidos en estas nuevas informaciones reveladas ayer-, mencionados en los mensajes de El Gil y el jefe policiacos se tratasen de dos grupos -uno de 17 y otro de 21), sumarían 38 (faltarían 5 normalistas para los 43).
Ciudad de México. El gobierno federal dio más plazo a Petróleos Mexicanos (Pemex) para entregar los impuestos que corresponden a agosto de este año, tanto en el derecho de utilidad compartida como en extracción de hidrocarburos, sin que ello implique algún recargo por prórroga, actualización, ni sanción alguna.
Octavio Romero, director de PEMEX. Foto de archivo.
Por ley, la petrolera debe entregar a más tardar los días 25 el pago provisional por el derecho de utilidad compartida del mes previo y lo mismo ocurre con el derecho de extracción de hidrocarburos. Es decir, el 25 de septiembre se debían entregar ambos impuestos, correspondientes a agosto, pero ahora se da un plazo hasta el 29 de octubre para cumplir con las contribuciones.
En un decreto, el gobierno federal argumentó que Pemex sufrió “los efectos de fenómenos meteorológicos que afectaron la producción de hidrocarburos, lo que influyó de manera adversa en su flujo de efectivo, así como en sus ingresos por la venta de combustibles en el mercado nacional”.
Cabe recordar que en agosto hubo un incendio en la plataforma E-Ku-A2, del complejo Ku-Maloob-Zaap, que forzó a la petrolera a reducir su producción.
También se siguen “padeciendo las consecuencias provocadas por la fuerte disminución de la demanda internacional de combustible que se produjo como resultado de la emergencia de salud pública a nivel global iniciada en 2020”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.
De manera que los pagos sobre el derecho de utilidad compartida y extracción de hidrocarburos se podrán entregar a más tardar el 29 de octubre de 2021 y esta demora “no generará recargos por prórroga, actualización, ni dará lugar a sanción alguna”, resolvió el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El decreto recalca que Pemex ha instrumentado diversas acciones con objeto de mantener la inversión física en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con el objeto de evitar que las condiciones económicas globales deterioren su capacidad de cumplir con los compromisos de producción de hidrocarburos establecidos en beneficio de las actividades económicas del país.
Así que las medidas de aplazamiento en el pago de impuestos “son congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en el cual “un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional”.
-La FGR, a través de su vocera en Yucatán, negó haber participado en la sustracción de Zac.
-El abuelo del niño los siguió hasta la Fiscalía General de Yucatán.
Un comando de agentes participó en la operación para secuestrar al pequeño Zac Gerard de 8 años de edad.
Hace una semana, el pequeño Zac Gerard, de ocho años, fue secuestrado por un grupo armado identificado como personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 15 de septiembre, poco después de las 05:00 horas, al menos siete personas uniformadas y armadas, entre ellas dos mujeres, ingresaron a la privada residencial donde vive Zac con sus abuelos y una tía, en Mérida, Yucatán.
Tras entrar a la privada, después de haber amenazado con un arma al vigilante, se dirigieron a la casa del niño e ingresaron violentamente. Con arma en mano, los uniformados comenzaron a revisar una por una las habitaciones del inmueble, buscando a Zac.
“Me abren la puerta de la habitación, prenden la luz y me despiertan a gritos, azotando las armas en el piso, y de manera amenazante me empiezan a preguntar por Zac. La verdad es que en ese momento yo pensé que era un robo, porque no sabía lo que estaba sucediendo”, narró Ana Cristina Narváez, tía del niño.
Luego de que la interceptaron, los sujetos dieron con la habitación de los abuelos, donde encontraron al menor escondido en un armario.
Sin decir una sola palabra, contó Ana Cristina, tomaron a Zac, “sin siquiera ponerle los zapatos”, y se lo llevaron. Según la mujer, todo ocurrió en solo seis minutos.
“No nos enseñaron ningún documento, no nos dijeron de dónde venían, no dijeron por qué (se lo llevaban), nada; solo vinieron de una manera violenta y arbitraria para llevarse al niño”, declaró.
Después de que los supuestos miembros de la FGR huyeron, el abuelo de Zac los siguió y llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Yucatán, donde le informaron que los uniformados provenían de la Ciudad de México (CDMX) y que el menor no se encontraba ahí.
Actualmente existe un juicio para que la custodia de Zac quede a cargo de sus abuelos, por lo cual se sospecha que la madre del niño puede estar involucrada en el secuestro.
Ante esta situación, la familia de Zac creó una cuenta de Instagram para recabar información que pueda ayudar a localizar al menor.
