Autor: El Observador Principal

De un porrazo, la policía rusa derribó la puerta del pequeño piso en el que el diario universitario Doxa había instalado su redacción. Inmediatamente después, esa mañana de abril, las fuerzas de seguridad iniciaron una redada simultánea en los apartamentos en Moscú de cuatro de sus periodistas y de dos de sus sorprendidos padres. Incautaron sus teléfonos móviles y ordenadores. Y arrestaron a los jóvenes, acusados en un caso penal de “incitar a menores a comportamientos peligrosos” por grabar un vídeo en defensa del derecho de los estudiantes a protestar, después de que varias universidades amenazasen con expulsar a los participantes en las acciones en apoyo al opositor encarcelado Alexéi Navalni. “¿Periodistas? Para ellos son delincuentes peligrosísimos”, ironiza Nastya Yakubovskaya, de 22 años, redactora del diario online. “Cualquiera que haga un periodismo objetivo e independiente en Rusia está en la diana de las autoridades. No importa lo grande o pequeño que sea”, advierte.

El Gobierno ruso ha puesto en marcha una campaña de represión sin precedentes sobre el periodismo independiente. Redadas, arrestos, procesos judiciales, costosa burocracia. Tras encarcelar a Navalni, condenado en un caso polémico a dos años y ocho meses de prisión, y prohibir todas las organizaciones vinculadas al opositor, además de aprobar un paquete de medidas para eliminar del mapa electoral a cualquier voz disidente, las autoridades se están centrando ahora en la prensa crítica; también en las redes sociales.

Con las importantes elecciones legislativas de septiembre a la vista, a las que Rusia Unida —el partido al que el Ejecutivo da su apoyo— llega con la popularidad bajo mínimos por el aumento de la inflación y la disminución constante en los niveles de vida, el Kremlin está tratando de controlar al máximo el discurso y el debate político. Y eso, denuncia Damelya Aitjozhina, investigadora de Human Rights Watch, se ha traducido en una campaña de “acoso y estrangulamiento” de la libertad de expresión.

Los jóvenes periodistas Armen Aramyan, Alla Gutnikova, Vladímir Metelkin y Natalia Tyshkevich están bajo arresto domiciliario desde abril. Podrían enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión. Pero Doxa, formado por una redacción de estudiantes o recién licenciados o doctorados, que se hizo un nombre hace dos años con su profunda cobertura de las protestas contra el veto a candidatos independientes en las elecciones municipales de Moscú y que pone especial empeño en los temas sociales, sigue trabajando como puede, explica Yakubovskaya. También, con la cobertura de las noticias sobre el juicio a sus compañeros, remarca su colega Ekaterina Moroco, de 25 años. Su persecución, opinan, evidencia la preocupación cada vez mayor del Gobierno por el público joven.

Pero la lista de medios en la diana de las autoridades rusas es cada vez más extensa. Y la represión al periodismo independiente más dura y variada. Este miércoles, la policía allanó la casa en Moscú de Roman Dobrojotov, director de The Insider, y detuvo durante unas horas al conocido periodista en el marco de un opaco caso por difamación iniciado por un bloguero holandés, señalado por el medio como colaborador de la inteligencia rusa para difundir información sobre el derribo en 2014 del vuelo MH17 sobre el Este de Ucrania por un misil ruso.

Ha sido un paso más de su ofensiva. La semana pasada, como han hecho con una larga lista de medios, las autoridades rusas designaron a The Insider como “agente extranjero”. La publicación, registrada en Letonia, ha trabajado con el medio de investigación Bellingcat en casos como el envenenamiento de Alexéi Navalni, enemigo político más feroz del presidente ruso, Vladímir Putin, atacado el verano pasado con una neurotoxina de uso militar, o del exespía Serguéi Skripal.

La etiqueta de “agente extranjero” tiene en Rusia desde los tiempos soviéticos reminiscencias a “enemigo del pueblo” o “espía”. Desde 2012, tras las protestas contra el regreso a la presidencia de Vladímir Putin desde su pausa como primer ministro por mandato constitucional, las autoridades la han empleado para reprimir a las organizaciones sociales. De ahí se ha ampliado a otros colectivos. Desde el año pasado, una sincronizada reforma legal permite imponerla en cada vez más casos a medios independientes y personas jurídicas.

Implica que los designados como “agentes extranjeros” deben publicar extensos informes sobre su financiación, someterse a auditorías periódicas y, además, obliga a los medios a señalarse como tal de manera bien visible. En los medios eso obliga no solo a destacarlo en sus cabeceras o al principio de cada artículo –o incluso a señalarlo cuando se habla de ellos—, sino también en las redes sociales. Un mecanismo, advierten los responsables de Meduza —con sede en Riga y uno de los medios independientes más leídos del país y también designado “agente extranjero”—, que complica el trabajo periodístico, el abordaje de las fuentes y que pone en serio riesgo la supervivencia del proyecto.

Hace unas semanas, el diario online VTimes —fundado como Meduza por exiliados de medios que han terminado en manos de empresarios cercanos al Kremlin—, designado también como “agente extranjero”, se vio obligado a cerrar ante el riesgo para sus periodistas y fuentes y la imposibilidad de mantener a los anunciantes. Mientras, Meduza está resistiendo gracias a una campaña de recaudación. Otros medios, como Proekt Media, han sido declarados como “organización indeseable”. Y la amenaza de una acusación por difamación se cierne sobre periodistas como Roman Anin, director del medio de investigación iStories (Historias importantes).

Rusia es un país hostil para los periodistas independientes: hasta 28 reporteros han sido asesinados durante los últimos 20 años, según el Comité para la Protección de los Periodistas. El país euroasiático ocupa el puesto 150 en el Índice mundial de libertad de prensa de 2021 de Reporteros sin Fronteras, por debajo de países como Zimbabue y Sudán del Sur.

Hasta ahora y sin pudor, el Kremlin se ha garantizado el control de los canales de televisión y de un buen número de otros medios a golpe de decreto o de chequera. A su llegada al poder a principios de los años 2000, Vladímir Putin nacionalizó emisoras de radio y canales de comunicación y fomentó la venta de los medios privados que quedaban a empresarios afines. Y ha mantenido la receta.

Pero en la última década, y en Internet, más difícil de controlar pese a los intentos del Kremlin, han florecido en Rusia un amplio abanico de medios independientes, ayudados por los canales de Telegram, con mucho tirón en el país. Proyectos que en su mayoría no han logrado la calificación de “medio de comunicación” en Rusia, donde la legislación es muy estricta, apunta Ilya Shumanov, director general de Transparencia Internacional Rusia, pero que se están haciendo un hueco cada vez mayor. Aunque la televisión es el medio con más empuje, y por el que se informa el 74% de los ciudadanos, el uso de las fuentes de Internet y redes sociales ha aumentado hasta el 38%, según una encuesta de 2020 del Centro Levada, el único independiente del país.

La presión de las autoridades o de los propietarios del medio es el principal problema para los periodistas en Rusia, según datos de Levada. Por encima de los bajos salarios o la falta de financiación. “Pero la situación es tan grave y arriesgada que solo se puede afrontar desde la calma”, dice la joven periodista de Doxa Ekaterina Moroco. Y añade: “Me pueden arrestar, quitarme los ordenadores, el móvil, multarme… pero no me arrebatarán lo más importante, que son mi punto de vista y mis valores”.- El País.